Aida Ramírez / Ovaciones
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Por solapar y avalar el despojo de casi dos mil hectáreas ricas en oro y plata, ejidatarios del ejido “El Bajío” en Caborca, Sonora, solicitaron a la Comisión de la Reforma Agraria del Senado de la República, citar a comparecer a Alejandrina Gámez Rey, magistrada titular Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con sede en Hermosillo, y al comisariado ejidal del municipio “El Bajio” en Caborca.

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Al respecto, Rubén Olivares y Williardo De la Cruz, apoderados legales y asesores jurídicos de las familias afectadas Cruz Pérez, Cruz López y Cruz Figueroa, pidieron al presidente de la Comisión, el senador Ángel García Yáñez, presentar un punto de acuerdo para que se cite a comparecer a Gámez Rey.

También, consideraron que se debe conformar una comisión de investigación y seguimiento desde la Cámara alta para investigar una red de corrupción que opera en el estado de Sonora, y que ha solapado e impulsado el despojo de miles hectáreas.

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Los apoderados legales señalaron que es el Senado la instancia que por ley, ratifica a los magistrados agrarios a propuesta del Ejecutivo Federal, por lo que son los senadores quienes deben llamar a comparecer a la magistrada toda vez que, la acusaron de que, en contubernio con Jesús Javier Thomas González, integrante del Comisariado ejidal, han creado una red de corrupción que propició el despojo de las dos mil hectáreas.

“Esperamos un pronunciamiento firme por parte del pleno del Senado de la República sobre este caso que tiene 20 años en litigio y que a pesar de los laudos a favor de sus propietarios originales, no se ha resuelto conforme a derecho”, dijeron los representantes Rubén Olivares y Williardo De la Cruz.

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Argumentaron que el 16 de octubre del 2023, la magistrada desacató a la excitativa de justicia 165/2023 emitida por el Tribunal Superior Agrario, donde se ordena la restitución de estas tierras, pero en contubernio con Thomas González, desacató el fallo, además de dar validez a actos jurídicos simulados por parte del comisariado ejidal, frenando la restitución de tierras fue ordenada desde 2011.