PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que el Plan B de la reforma electoral, que aún está pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión, implica serios riesgos para la democracia y afecta las funciones esenciales del organismo electoral.
Un informe de la secretaría ejecutiva, que será presentada en la sesión de este miércoles del consejo general, advierte que las modificaciones legales propuestas repercuten de manera directa en el diseño y naturaleza constitucional de la estructura organizacional del INE, que vulnera su autonomía e independencia, condiciones constitucionales indispensables para cumplir adecuadamente con el mandato constitucional de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas, entendida como una función de Estado.
“La reforma electoral modifica sustancialmente la naturaleza constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE, que tergiversa y confunde su carácter, al asignarles atribuciones y funciones que no tienen correspondencia con la Constitución”, señala.
Detalla que, al Órgano Interno de Control del INE, se le adicionan funciones que rebasan de manera excesiva su función constitucional de fiscalizar los ingresos y egresos de la autoridad electoral nacional.
Asimismo, el proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del INE, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados que, en aras del ahorro y la austeridad, y sin previo análisis que lo confirme, reducen sus conformaciones de manera muy significativa y, por ende, desnaturaliza sus funciones constitucionales.
“Esto en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadanas, bajo los principios y estándares establecidos, así como de otras actividades sustantivas de carácter permanente que afectan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de naturaleza política, a la identidad y, a la información, entre otros”, acota.
El documento de análisis en relación con la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma por los cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral resultan preocupantes.
“Este conjunto de planteamientos repercutiría en un debilitamiento de las estructuras centrales y desconcentradas del INE y, de manera muy significativa, en el SPEN, pues la mayoría de sus puestos y cargos se concentran en los órganos delegacionales y subdelegacionales, en virtud de que mediante ellos se hace posible la implementación de todos los programas y actividades del Instituto a nivel nacional, tanto los que corresponden a los procesos electorales, a los procesos de participación ciudadana directa como los que corresponden a las actividades permanentes”, sentencia.
Acotó que este Plan B tendrá un efecto regresivo incompatible con la progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente. Por ejemplo, tan solo la reestructuración del INE que ordenaría la desaparición de vocalías y Juntas Distritales vulnera nueve derechos de la ciudadanía plasmados en la Constitución y afecta dos procedimientos relativos al padrón electoral.
Asimismo, sentencia riesgos de seguridad y para la protección de datos personales para el padrón electoral al obligar a instalar los módulos de atención ciudadana para la credencial con fotografía se instalen en oficinas de gobierno a cargo de terceros.
