GERARDO GUTIERREZ CANDIANI

¿Qué decir de una reforma electoral aprobada por “mayoriteo” en la madrugada, a horas de haberse presentado como “plan B” de un Ejecutivo Federal que habitualmente exige que sus iniciativas pasen sin que se les cambie ni una sola coma? Obviamente, procesado sin debate parlamentario, sin siquiera tiempo para leer sus más de 200 páginas.

Si los diputados tuvieron acceso al contenido “al cuarto para las 12”, como se dice, y votaron prácticamente sin leer lo que avalaron, los ciudadanos no tuvimos forma de conocerlo hasta el día siguiente, ya aprobado y enviado al Senado, que, afortunadamente, paró –hasta ahora– estas prisas. Todo este sainete ocurrido inmediatamente después de que, afortunadamente, fuera rechazado el “plan A”, un proyecto de enmiendas constitucionales con absurdos como que los consejeros electorales sean electos por voto popular, como si se tratase de políticos en campaña.

Más aún, ¿qué decir cuando, un par de días después, los mexicanos nos enteramos que la minuta aprobada traía un “error” de constitucionalidad elemental?

De última hora, se añadieron ajustes para socavar los requisitos de conseguir un mínimo de votos en los comicios para que un partido sea sujeto de registro y financiamiento público. Por ejemplo, se permitiría la transferencia de votos, o para decirlo más claro, el préstamo, entre integrantes de coaliciones: pase lo que pase en las votaciones, “los grandes” podrían dar vida artificial a sus socios pequeños, formaciones que funcionan en gran medida como negocios. Casualmente, esos añadidos fueron solicitados por partidos de este tipo a la fracción mayoritaria a la que están asociados, y peor aún, su sentido ya ha sido rechazado en la Suprema Corte de Justicia, cuando revisó un alegato de uno de ellos para no perder en ese momento sus prerrogativas por su baja representación en las urnas.

Ahora se habla de una corrección para una reforma “parchada” tras una negociación atrás del telón.

Finalmente, ¿cómo tomar este desaseado proceder legislativo si lo ponemos en contexto, en términos del escenario político actual y la historia de la democracia mexicana?

Pensemos en un país que vivió siete décadas bajo un régimen de simulación democrática: presidencialismo metaconstitucional sexenal, como lo llamó el jurista Jorge Carpizo, o según el historiador Enrique Krauze, imperial, arropado por un partido corporativo, piramidal y, de facto, de Estado. Una nación que sale de esa situación con una larga transición democrática que los académicos remontan a la reforma electoral de 1977. Seguida por otras que permitieron, hasta los 90, un Poder Legislativo con representación plural y división de poderes efectiva, así como alternancia partidista en los gobiernos estatales y locales, y en los 2000, en la presidencia, con tres hasta ahora. Todo esto con el soporte de una institución electoral autónoma, el actual INE, que logró hacer que los mexicanos creyéramos que podíamos tener una verdadera democracia y elecciones confiables.

Como dijo en la marcha ciudadana del 13 de noviembre José Woldenberg: la alternancia constitucional y pacífica del poder presidencial ocurrió, por primera vez en México, gracias a ese proceso democratizador. En 200 años de vida independiente, nunca lo habíamos logrado.

Ahora pensemos que el gobierno en turno, que llegó legítimamente al poder con esos antecedentes, impulsa este “plan B”, el cual, como dice el periodista René Delgado, más que reforma parece una “deforma electoral”. Y lo hace mientras denuesta diariamente al INE y cuando los aspirantes a la presidencia de su partido, “destapados” desde el poder tres años antes de las elecciones, se promueven por todo el país, infringiendo la legislación electoral, aprovechando los reflectores y probablemente los recursos que les dan los cargos públicos que ocupan.

Para poner en perspectiva, esta reforma pretende quitar restricciones a ese tipo de prácticas, como contenciones a actos anticipados de campaña y propaganda gubernamental en tiempos electorales. Busca privar al INE de facultades efectivas de control y sanción al proselitismo abusivo de candidatos, precandidatos, aspirantes y gobiernos. Es decir, extender un salvoconducto de impunidad a estas actitudes y comportamientos, justo cuando se desbordan, con campañas presidenciales más adelantadas que nunca, auspiciadas desde la cúpula de gobierno, y con polarización política extrema.

Este “plan B” quiere forzar una reestructura administrativa en el INE que implica recortes sin fundamentación sobre sus supuestos beneficios y las consecuencias, con potenciales despidos en masa de personal técnico y también de funcionarios actuales mediante disposiciones con claro sesgo ad hóminem.

La minuta de los diputados incluye inconsecuencias como que se permita a los partidos guardar remanentes del financiamiento público, en vez de regresarlos a la Tesorería de la Federación, para usarlos en la siguiente elección, mientras que, en el polo opuesto, se obligaría al INE a liquidar fideicomisos que tiene para propósitos administrativos y reintegrar los fondos al erario. ¿Por qué tendríamos que aceptar que el Gobierno los administrará mejor que una institución constitucionalmente autónoma?

Con ese contexto, no es aventurado decir que este país enfrenta un riesgo de regresión antidemocrática, o más bien, ya está en proceso de ello. Ojalá haya en el Senado la responsabilidad que faltó en la Cámara de Diputados. Como sea, los ciudadanos tenemos que seguir defendiendo al INE y a nuestra democracia. Nos necesitan justo ahora.