La regulación presentada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre determinar los precios topes a la venta del gas LP se realizó sin un análisis previo de su impacto y podría generar afectaciones irreversibles para la competitividad en la nación.

Así lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al indicar que la regulación parte de un modelo de una hipotética planta distribuidora eficiente, de la que aún no se aclaran elementos y datos usados para su diseño, y divide al país en 145 regiones, cada una con un precio tope diferente.

“Consideramos que la Secretaría de Energía (Sener) solicitó a la CRE emitir una política de precios muy compleja en tan sólo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas en el tema”.

Cabe recordar que el 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una regulación de la CRE, cuyo objetivo es definir la metodología y criterios para determinar los precios topes que se aplicarán a la venta de Gas Licuado de Petróleo (LP).

Coparmex reiteró que la regulación presentada por la CRE y avalada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para su publicación el mismo día en el DOF, pudiera provocar afectaciones irreversibles para la inversión y participación de nuevos actores, lo cual juega en contra de la urgente reactivación económica y la competitividad del país.

La cúpula del sector empresarial resaltó que la regulación obtuvo un proceso express por parte de la CONAMER, ya que fue publicada el mismo día en que se recibió, con lo cual quedó cancelada toda posibilidad de hacer un análisis de impacto y su respectiva consulta pública.

Como se advirtió, la aprobación “fast track” es recurrente en proyectos vinculados al sector energético.

Señaló que en la integración de esta #AlertaRegulatoria extraordinaria, se encontró que el proyecto se fundamenta en la directriz que emitió la Sener el pasado 28 de julio, donde le fue requerida a la CRE la emisión de una regulación para establecer precios máximos de venta del gas LP.

Agregó que ese fundamento podría estar contraviniendo distintas leyes federales en materia de hidrocarburos.

Consideró que la Sener solicitó a la CRE emitir una política de precios muy compleja en tan solo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas en el tema.

Además, detectó que la CRE presentó su propuesta a la CONAMER como una AIR (Análisis de Impacto Regulatorio) de emergencia, cuando lo correcto debió ser que ésta se presentara como una AIR de alto impacto, con análisis de impacto en la competencia, a efecto de que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) pudiera manifestar su pronunciamiento técnico.

Indicó que el argumento de la CRE para clasificarlo como emergencia es porque los hogares de menores recursos se están viendo afectados por el aumento de precios en el Gas LP.

En ese sentido, la Coparmex refirió que para evitar que la población registre mayores afectaciones a la economía familiar debido a los incrementos en precios internacionales, se debieron aplicar alternativas más eficientes que ya están contempladas en la Ley de Hidrocarburos, como lo es el Subsidio Focalizado.

De acuerdo al análisis realizado, expresó que la propuesta incumple con la Ley de Mejora Regulatoria para ser clasificada como AIR de emergencia, pues por tratarse de la evolución natural en el ajuste de precios, no representa un riesgo inminente para la población.