PATRICIA RAMÍREZ
El diputado Gabriel Quadri de la Torre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y quien o quienes resulten responsables, por los delitos ambientales y desacatar órdenes judiciales en la construcción del Tren Maya.
Explicó que el responsable del proyecto Tren Maya está obligado a la realización de todos los actos inherentes a la preparación y ejecución de las obras que comprende el proyecto, ya que es responsable de presentar la manifestación de impacto ambiental a nivel regional.
“Es una denuncia inédita en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy graves cometidos por la autoridad, en los cuales, está involucrado el Ejército, algo gravísimo, que nunca se había visto en México, en el cual las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López en la construcción del Tren Maya”, señaló.
El panista consideró que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe resolver sobre la procedencia o improcedencia de la tala de la selva mediana en el nuevo trazo del Tramo 5 del Tren Maya y determine las medidas de remediación correspondientes, en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Explicó que su denuncia plantea violaciones a los artículos 4 de la Constitución, que establece el derecho para todos a un medio ambiente sano; 73, que da facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional; y 89 que define claramente que el Presidente de la República solamente tiene facultades en materia de seguridad nacional, en los términos que establezcan las leyes.
Quadri de la Torre refirió que el Código Penal establece como delitos ambientales con penas de cárcel la deforestación y la destrucción de la vegetación del arbolado, sin los permisos correspondientes, lo cual está ocurriendo en Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, a manos del Ejército Mexicano.
“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca una suspensión debidamente notificada”, añadió.
