AIDA RAMÍREZ
Foto: Cortesía Coparmex
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos “amicus curiae” sobre las afectaciones que en diversos ámbitos trae consigo la publicación y entrada en vigor de las reformas en materia electoral conocidas como el “Plan B” publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, respectivamente.
Las tres organizaciones dijeron reiterar su confianza en la SCJN, en la resolución conforme a derecho, y por ello “aportan argumentos técnicos relevantes y opiniones jurídicas sólidas” para que puedan ser tomados en cuenta por parte del Máximo Tribunal en el análisis y deliberación antes de dictar su resolución sobre los distintos medios de control presentados y que buscan declarar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión.
🗳📑 Hoy, @ANADEcolegio, @INCAM_Abogados y @Coparmex presentamos dos Amicus Curiae en la @SCJN.
Confiamos en que esta #ExigenciaCiudadana, la información y los argumentos aportados ayuden a que las ministras y ministros cuenten con más elementos para declarar inconstitucionales… pic.twitter.com/5u65biRpbH
— Coparmex Nacional (@Coparmex) April 11, 2023
Con una perspectiva jurídica-ciudadana, entre otras cosas, los amicus curiae destacan las graves infracciones al procedimiento legislativo, principalmente en lo relativo a la discusión y aprobación de las distintas iniciativas que forman parte de las reformas electorales.
En ese sentido, destaca que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo y anular la deliberación democrática.
“Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, se asegura.
Se explica que aun cuando el “Plan A” (es decir la reforma constitucional) fue rechazado por el Congreso, el Gobierno Federal le dio la vuelta a través de los cambios a las leyes secundarias -el ”Plan B”– que “es un desafío directo al orden constitucional y representaría el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país. Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”.
Otro de los argumentos presentados se refiere a las violaciones a la autonomía constitucional, pues la reforma ordena decisiones que corresponden solo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y no al Poder Legislativo.
Adicionalmente, aborda la perspectiva de los costos del sistema electoral y advierte que los ahorros son inciertos, por lo que los argumentos de la exposición de motivos de la reforma adolece de un estudio serio que permita cuantificarlos de forma real.
Por ello, la desaparición de áreas o la contratación de terceros no necesariamente tienen como resultado la optimización de los recursos.
En el escrito también se explica que abrir la posibilidad de aceptar el pasaporte como una identificación sustituta para votar debilita el control de las listas nominales, aunado a que la reforma electoral no establece aspectos clave para la recepción de votos en los consulados, la instalación de casillas, el manejo de paquetes electorales ni la autoridad encargada del recuento sin representantes de partidos.
Acusa que el “Plan B” también vulnera el derecho humano a la protección de datos personales, previsto en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, en virtud de que la figura del “flujo de información institucional” permite que toda la información institucional que obra en poder del INE sea consultada por organismos públicos y partidos políticos sin que se hayan previsto garantías de seguridad adecuadas.
“Hoy, la separación de poderes está a prueba, pero tenemos clara la certeza de que la vigencia de la ley va a prevalecer sobre cualquier presión externa o índole política”, señaló el presidente de la Coparmex, José Medina Mora.
Mientras que la presidenta de la ANADE, Nuhad Ponce Kuri destacó la importancia de que el máximo tribunal del país cuente con los elementos técnico-jurídicos de carácter constitucional que le permitan proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía; “no puede haber bienestar social sin una democracia sólida”.
Isabel Davara Fernández de Marcos, vicepresidenta del INCAM aseguró que, “como abogados, nos honramos en acudir en auxilio de la ciudadanía”, y que el vehículo de amicus curiae permite el ofrecimiento de argumentos técnico-jurídicos, de fondo, en defensa del Estado de Derecho, sus instituciones y los derechos humanos, como única alternativa al Estado de la fuerza.
