PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cortesía Diputados PRI
La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el Plan B de la reforma electoral, porque pone en riesgo las acciones afirmativas a favor de las mujeres y grupos vulnerables.
Explicó que las modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas por el Ejecutivo reducen los espacios destinados a personas indígenas, afromexicanos, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes en los cargos de elección popular.
“Hoy tendremos menos posiciones para estos grupos, 25 postulaciones menos para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanos, diversidad sexual migrantes y residentes en el extranjero”, dio a conocer.
Asimismo, advirtió que al acotarse las declaraciones 3 de 3 cualquier persona que sea deudora alimentarias o con antecedentes de violencia puede ser candidato a un cargo de elección popular.
En este sentido, dijo que esa reforma pone en riesgo los derechos políticos-electorales de las mujeres y los avances logrados contra la violencia política en razón de género, pues prohíbe la intervención de la autoridad electoral en el cumplimiento del principio de paridad para la postulación de candidaturas y diligencias partidistas.
“El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral no podrán vigilar que se cumplan los derechos políticos de las mujeres; ni propone medidas para asegurar su participación.
Sólo el Congreso de la Unión podrá emitir las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas y no podrá ser modificado por acuerdos, lineamientos o reglamentos de los órganos”, sentenció.
Otro punto es que la reforma modifica la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE, lesionando la autonomía y afectando la vigilancia de los procesos de capacitación y organización electoral.
Explicó que, de igual forma, se elimina la posibilidad de incorporar medidas como la ley 3 de 3 contra la violencia; asimismo, viola los tratados internacionales que México ha ratificado en materia de Derechos Humanos.
