POR URBANO BARRERA

Ocho servidores y ex servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron vinculados a proceso, tras ser imputados de hacer pagos millonarios ilícitos y afectar las finanzas del organismo gubernamental.

La Fiscalía General de la República (FGR), informó lo anterior y dijo que el monto de la transacción con recursos públicos asciende a más de 830 millones de pesos.

El fraude se conoció luego de que una empresa presentó a pago facturas que ya habían sido pagadas, por lo que los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses de la Institución y probablemente hicieron un pago doble.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó los datos de prueba al Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a las ocho personas.

Juan Carlos Larrieu Creel, Sebastián López Herrera, Juan Daniel Álvarez Santillán  y  Javier Mejía Estañol, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de Servicio Público.

Ello, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de algún organismo descentralizado, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.

En el caso de Sebastián López Daniel Álvarez, en la hipótesis que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales; a Juan Daniel Álvarez, igualmente se le agregó la presunta comisión de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis de que el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal, además del de abogado patrono y litigante, en la hipótesis de abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando un daño.

Asimismo, se vinculó a José Febo Trujeque Ramírez, Marx Yazalde Ortiz Correa, Sandy Sandy Toledo Sánchez e Irma Merlos Merlos, por uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal.

Por solicitud de la FEMCC, se acordó procedente la imposición de medidas cautelares, consistentes en presentación mensual, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Se decretó tres meses de plazo para la investigación complementaria.