PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsará la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución, para garantizar los derechos de los extranjeros en el país.
“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer; vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución”, subrayó en conferencia de prensa matutina.
En este contexto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que se enviará una opinión jurídica a la Cámara de Diputados con el propósito de que el Instituto de Migración Nacional (INM) no tenga facultades para deportar extranjeros por la vía fast track, debido a expresiones políticas o sociales.
“Lo que nosotros vamos a hacer es que la Constitución obligue a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional.
Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, ya hicimos la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”, expuso.
Agregó que se va a presentar una opinión para que se modifique la minuta y que se establezca un procedimiento jurídico que será regulado por la secretaría de Gobernación y que garantice a los extranjeros el derecho a la previa audiencia.
Añadió que, en administraciones anteriores se usaba este artículo de manera discrecional para expulsar a profesores e investigadores extranjeros. De esa manera, se registraron 17 casos en total entre 2006 a 2018.
“El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional”, explicó.
Antes del 2006 no existen registros, puesto que, al modificarse la ley en 2011, se adiciona un párrafo a ese artículo que instruye una previa audiencia.
“Lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba el Instituto de Migración Nacional para expulsar del país a personas que habían manifestado alguna opinión de carácter político u oposición en asuntos sociales”, señaló.
