PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
El Instituto Nacional Electoral perfila pedir a la Cámara de Diputados un presupuesto de 37 mil 770 millones de pesos para 2024, lo que sería el gasto más alto en la historia del organismo electoral y más del cincuenta por ciento por encima del solicitado para las elecciones de 2018.
De acuerdo con el anteproyecto que presentarán los consejeros electorales este lunes, de esa cifra 10 mil 444 millones de pesos corresponde al financiamiento a los partidos políticos nacionales. De ellos, 6 mil 807 millones de pesos corresponde a gasto ordinario y 3 mil 304 millones a campañas electorales.
Además, la propuesta que deberá ser aprobada por la Comisión Temporal de Presupuesto y luego por el consejo general, contempla una partida de 3 mil 568 millones en caso de que sea solicitada por la ciudadanía o el Ejecutivo federal alguna consulta ciudadana o en caso de que se requieran hacer elecciones extraordinarias.
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Este año, esta partida fue suprimida en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados y para 202 podría tener el mismo destino.
De acuerdo con la argumentación del proyecto que deberá ser remitido primero a la Secretaría de Hacienda, en 2024 además de las elecciones federales, en las que se renuevan la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, habrá renovación en nueve entidades federativas.
Asimismo, se renovarán más de 19 mil cargos, contando presidencias municipales, congresos locales, regidurías, concejalías y cargos por usos y costumbres.
A esto se suma que el padrón electoral superará los 98 millones de personas, por lo que se prevé la instalación de más de 170 mil casillas en todo el país.
El gasto operativo del instituto asciende a 23 mil 757 millones de pesos y de esa cantidad 8 mil 816 millones corresponden a servicios personales, es decir, sueldos, salarios y prestaciones de consejeros y personal del organismo electoral.
A su entrada a la presidencia del INE, Guadalupe Taddei, había prometido que se presentaría una propuesta de presupuesto austera y apegada a los principios de racionalidad, por lo que es de esperarse que haya críticas de los partidos políticos y que en la Cámara de Diputados se disminuya esa cifra.
