AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

En los primeros minutos de este jueves, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el llamado “Plan B”, que entra en vigor este viernes.

No obstante, en cuanto al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, ya dejó de estar al frente de dicho cargo, ya que las modificaciones electorales señalaban que en cuanto entrara en vigor dicha ley, él dejaba de estar en su encargo.

En tanto, se abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y a más tardar en abril, el Consejo General del INE deberá identificar las adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del Instituto.

Asimismo, para cubrir el pago de indemnizaciones se destinarán los recursos de fideicomisos del pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto.

De igual forma, se deberán reducir las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto, así como el personal que deberá ser despedido, todo ello a mayo próximo, por lo que se esperarían juicios y amparos.

Dicho Plan, también señala que el INE deberá expedir un nuevo estatuto del servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 30 de julio de este año para unificar sus dos sistemas, esto es, del Instituto y de los Organismos Públicos Locales (OPLE), que deberán hacer adecuaciones, también, para reducir su estructura.

Se ratifica a los actuales consejeros del organismo electoral y al titular del Órgano Interno de Control hasta que termine su encargo; en plazos perentorios, señala que a más tardar en la sesión ordinaria de mayo próximo, el Consejo General del INE deberá emitir un reglamento único que regule el funcionamiento de su estructura orgánica, así como la organización y el funcionamiento del Consejo General y de los órganos del Instituto.

Por otro lado, cabe señalar que empiezan a correr los plazos legales tanto para la implementación de las normas como para presentar los recursos de impugnación respectivos, aunque para esto último se deben esperar a que corran 30 días para que se puedan presentar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene como plazo legal para pronunciarse sobre la constitucionalidad de estas reformas hasta el próximo 31 de mayo, pues a partir del 1 de junio ya no se podrán hacer modificaciones en materia electoral ante los procesos comiciales en puerta del Estado de México y Coahuila.

En tanto, el consejero del INE, Ciro Murayama aseguró que, al estar vigente el Plan B, ya inició “la la batalla jurídica y constitucional para salvar nuestra democracia. El INE acudirá con respeto y convicción ante la SCJN. Es hora de defender las libertades y derechos de todos”, escribió en su cuenta en Twitter, al filo de las 06:30 horas de este jueves.