La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) rechazó, de entrada, la regularización de vehículos llamados “chocolate”, que recién anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, el organismo solicitó reunirse con el primer mandatario del país para analizar las repercusiones de la regularización de vehículos ilegales que anunció el 27 de junio en Baja California.

Mediante un oficio dirigido al titular del Ejecutivo federal refirieron que “la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011.

“Es importante anotar que la importación de vehículos usados es factible realizarse de conformidad al Decreto por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado por sus instrucciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020. Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos, es un delito que beneficia a organizaciones criminales”, se dijo.

La AMDA señala en su carta que, en lo que respecta al uso de vehículos en los actos criminales es notoria la utilización de las unidades con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso.

Asimismo, consideró fundamental recordar que “la importación es permitida cuando se cubren los requisitos previstos por la Ley, sin embargo, se convierte en un grave problema para el mercado interno y para los propietarios de un vehículo en regla cuando los vehículos usados introducidos a territorio nacional presentan pésimas condiciones mecánicas”.

Indicó que los autos catalogados por las aseguradoras estadounidenses como “salvage, pérdida total o chatarra”, no pueden seguir siendo introducidos al mercado mexicano por elemental seguridad además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros.

Si bien la movilidad eficiente y segura es un derecho de cualquier ciudadano, es un falso dilema considerar que sólo mediante la posesión de un vehículo particular se puede garantizar dicho derecho, aún a costa de la violación sistemática y concertada de la ley.

Recordó que la regularización de vehículos ilegales afectará en primer término, el patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización.

Por ello, se considera necesario contar con un Registro Público Vehicular eficiente y moderno, asignatura pendiente en el país en virtud de la obsolescencia tecnológica e insuficiencia jurídica del REPUVE, así como el cumplimiento estricto de la prohibición para circular sin placas de identificación.

“La legalización del contrabando sólo dará pauta a la exacerbación del fenómeno, por eso es imprescindible atacar el problema de la presencia de vehículos ilegales en determinadas zonas del país, a través del cumplimiento de las leyes vigentes planteadas para velar por el bien común de las y los mexicanos.

“La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando será la oportunidad para incrementar la basura automotriz circulando en nuestro país, y para introducir tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente.

“Esto ha ocurrido en los procesos anteriores y es previsible que suceda nuevamente ante el ofrecimiento de condiciones laxas en comparación con las contempladas en el Decreto arriba referido y las Reglas Generales de Comercio Exterior que lo complementan”, advirtió la Asociación.

Asimismo, los integrantes de la AMDA dijeron coincidir con lo anotado en las Consideraciones que se incluyen en el DECRETO por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, en particular cuando se cita la Jurisprudencia 2a./J.3/2013(10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ella, “se concluyó que es improcedente conceder la suspensión contra la aplicación del citado Decreto, dado que la citada medida cautelar no puede tener el efecto de permitir la importación de vehículos usados al territorio nacional sin respetar las regulaciones y restricciones establecidas por el presidente de la República en dicho Decreto, ya que el Estado Mexicano está interesado en que no se afecte la economía nacional mediante la introducción indiscriminada de vehículos realizada por personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos por el Ejecutivo Federal, de ahí que se afectaría en un grado mayor a la colectividad con la concesión de la medida”.

Como industria automotriz, la AMDA reiteró el compromiso de trabajar de manera conjunta con el gobierno de México, por tanto, exhortó de manera respetuosa a las entidades involucradas a que se tome en cuenta que la regularización de vehículos ilegales es una contradicción al principio referido.

Por lo anterior, más las implicaciones que tendrá para la seguridad, el medio ambiente y la economía en general, es que los representantes de la industria automotriz solicitaron a López Obrador audiencia y, en su caso, “se deje sin efecto la regularización de vehículos ilegales.

“Sería lamentable que en plena crisis económica y sanitaria se busquen instrumentos que hieran no sólo al mercado interno sino al estado de derecho y al patrimonio de los mexicanos. Otra regularización, cuya experiencia histórica demuestra el círculo pernicioso, en nada coadyuva al interés general y al objetivo de contar con un parque vehicular respetuoso de normas medioambientales, de eficiencia energética además de tener mayores espacios de seguridad vial”.

Cabe recordar que la industria automotriz de México contribuye con el 3.4 por ciento del PIB nacional y el 18.7 por ciento del manufacturero.

Además de que genera impactos en 253 actividades económicas del país; es decir, 97 por ciento del total: 15 del sector primario, 104 del sector secundario y 134 del sector terciario, por ello el sector automotriz en conjunto genera más de 2 millones de empleos directos en sus diversos eslabones productivos.