A toda costa los representantes del neoliberalismo y el sector privado tratan de convencer a la opinión pública de que la Reforma Eléctrica es perjudicial para México, cuando la realidad es todo lo contrario.
Además de los seis mil millones de dólares de Odebrecht, dispuestos como sobornos a Pemex y legisladores para aprobar el paquete de la Reforma Energética peñista, se estableció un esquema “legal” que condenaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la quiebra.
El esquema privatizador de la generación, distribución y venta de la electricidad, nació desde la reforma constitucional impulsada desde Carlos Salinas de Gortari que abría las puertas para la autogeneración eléctrica en las empresas privadas.
Esto fue solo una simulación, pues la ley obligaba a la CFE a comprar los “excedentes” producidos por los privados, aun cuando la entonces paraestatal tuviera producción propia para su distribución.
Este esquema, depuró y multiplicó la generación eléctrica por particulares que tenían así negocio seguro, hasta llegar a un esquema que asfixia a la ahora Empresa Productiva del Estado.
Recientemente, Rocío Nahle, Secretaria de Energía, reveló que la CFE ha perdido más de 400 mil millones de pesos por el esquema de la Reforma Energética aún vigente. Ha pagado a firmas privadas 223 mil millones de pesos, mientras las centrales eléctricas de la Empresa Productiva del Estado dejaban inactivas hidroeléctricas con sus consecuentes pérdidas.
A ese esquema, el presidente López Obrador lo califico de rapiña, pillaje y vandalismo; así las cosas.
SUSURROS
El que al parecer se quiere curar en salud es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado de la República, Ricardo Monreal, al pretender echar culpas al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien advirtió que, con la nueva Reforma Eléctrica, no se pagarán indemnizaciones por los contratos cancelados.
Quizá Monreal piensa tirar la toalla en los esfuerzos por alcanzar la mayoría legislativa necesaria para aprobar la Reforma Eléctrica o se siente incapaz de lograrlo, cuando hay argumentos de sobra para probar los beneficios que los cambios constitucionales traerán al país.
Quiere hacer creer que las voces “externas al Congreso” complican las negociaciones, cuando lo mejor es que todos puedan participar con sus mejores argumentos en un debate por México y no por intereses particulares, de grupos o empresas.
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