Repartidoras de apps enfrentan acoso sexual, violencia y agresiones constantes, denuncian legisladores locales

POR PATRICIA RAMÍREZ

 

Nalgadas, frases obscenas, intentos de violación, robos y extorsiones, además de constantes agresiones verbales y hasta tocamientos cuando viajan en motos o bicicletas, son prácticas cotidianas a las que se enfrentan mujeres repartidoras que trabajan para servicios de aplicación.

Ante este panorama, la diputada local Silvia Sánchez Barrios presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Derechos Humanos ambas de la Ciudad de México, para unificar protocolos de denuncias orientados a privilegiar los derechos humanos de los repartidores por aplicación, enfocándose en prevenir el acoso y la violencia de género.

“Este viacrucis que sufren las mujeres durante su trabajo también lo padecen los repartidores pues a ellos los extorsionan grupos delincuenciales, los golpean sino le entran con el cobro de piso, por si fuera poco son asaltados y asaltadas, en varias ocasiones el cliente las recibe desnudo e incluso hay quienes las quieren violar”, señaló.

Agregó que los colectivos de repartidores de aplicaciones como Didi, Uber, Rappi, Sin Delantal o similares sufren una serie de problemáticas que debilitan el ejercicio de los derechos humanos de cada individuo.

“No solo sufren la discriminación en establecimientos o la negación del acceso a ciertas áreas de restaurantes o centros comerciales esenciales para cumplir con sus pedidos, sino que es recurrente los temas de acoso y hostigamiento en especial a repartidoras por parte de compañeros del trabajo o clientes”, acotó.

Consideró que es prioridad blindar y proteger a los repartidores con especial énfasis en las repartidoras por ser ciudadanas vulnerables del acoso y de la violencia contra ellas, en el cumplimiento de su fuente de ingreso. Creando para esto protocolos específicos para estos trabajadores, con una adecuada capacitación de los servidores públicos, para que se protejan a estos ciudadanos en su fuente de trabajo, y no sean víctimas de detenciones o interrogatorios.

Sánchez Barrios acotó que de acuerdo con datos proporcionados por el grupo “Ni una repartidora menos” en los dos últimos años han muerto por atropellamiento 59 repartidores.