URBANO-UIF

POR URBANO BARRERA

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantara los bloqueos a las cuentas del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, este aseguró que preparan acciones penales por daño moral y difamación con una suma millonaria, contra quienes lo calumniaron.

Rodríguez Bolio, aseguró que el daño además de él y sus empresas, fue para más de tres mil familias que dependen de la actividad económica del Grupo Big Bola.

Calificó como campaña dolosa el señalar que Oscar y Francisco Javier  Rodríguez Borgio hayan enfrentado órdenes de aprehensión por supuesto ‘huachicol’. La PGR-FGR y el MP no encontraron pruebas del supuesto ‘lavado de dinero’ ”.

Hace unos días se dio una filtración en la que mediante el acuerdo 72/2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dejó sin efectos el acuerdo 143/2021 por el que había incluido a Rodríguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera –razón social de Big Bola– e Inmobiliaria JRB en la lista de bloqueados tras sospechas de lavado de dinero en temas de ‘huachicol’ y relaciones con casos como los de Caja Libertad y Oceanografía.

El pasado 7 de abril, tras casi tres años de litigios la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán, luego de que se revisaron ampliamente las pruebas a su favor.

Asimismo la UIF ejecutó el amparo, pese a que a finales de marzo lo impugnó ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. El 25 de abril, Gómez envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.

Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.

Big Bola opera un sitio de apuestas en línea desde 2016, así como 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, con un permiso de la Secretaria de Gobernación expedido en 1997.