POR URBANO BARRERA

Integrantes de la Sociedad Cooperativa Cemento Portland La Cruz Azul revelaron ayer la lucha por el control de la empresa se complicó, porque la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ahora indagan desfalcos millonarios y el proceso de normalidad se alargará.

Los cooperativistas señalaron ayer que la disidencia en la Sociedad Cooperativa, al mando de Víctor Manuel Velázquez Rangel y Juan Antonio Marín Gutiérrez, tuvo un duro golpe, lo que afectó al control de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, quien tiene diferencias con su hermano Alfredo, director comercial de la empresa social.

Los cooperativas señalan  que Manuel Velázquez y Antonio Marín, junto con su abogado Rafael Anzures, encontraron el apoyo de la Federación, sobre todo para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigara los millonarios desfalcos y evasión fiscal de Álvarez Cuevas, argumento jurídico para que ambos se apoderaran de la administración de la empresa.

De acuerdo con los cooperativistas, abogado Anzures consiguió que el delegado de la FGR en Hidalgo determinara el no ejercicio de la acción penal contra la carpeta de investigación, lo que derivó en el retiro de las medidas de protección concedidas para resguardar la planta de Tula Hidalgo.

Posteriormente, se generó la agresión en la que el grupo de choque ocasionó el atentado y asesinato de ocho personas.

Francisco Sarabia Pozo y Alberto López Morales, leales a “Billy” Álvarez, resistieron y lograron legitimar las asambleas en que fueron electos y ratificados como presidentes de las comisiones de Administración y Vigilancia, además de la resolución favorable del Quinto Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que es inapelable.

La balanza parece inclinarse a favor de Sarabia y López, porque Velázquez y Marín perdieron el apoyo de la Federación y los políticos que los promovían empezaron a deslindarse; además, hay quien reprueba a los dos grupos, pero no puede omitirse que una cooperativa se rige por la ley y estatutos, donde la máxima autoridad es la asamblea y en ella la mayoría manda.

El amparo logrado en el Juzgado XII de Distrito de la Ciudad de México, ratificado por el Quinto Tribunal Colegiado del Poder Judicial, reconoce la legalidad de la asamblea del 26 de agosto de 2020; por consecuencia, la de la asamblea general ordinaria del 19 de abril de este año, que dan personalidad jurídica a Sarabia y Pozo, quienes demostraron tener a su favor a la mayoría de los cooperativistas, aunque aún falta que lo resuelva la autoridad competente.

En este marco, se registró el intento de un “grupo de choque” para apoderarse de la planta Tula la madrugada del 27 de abril, con saldo de ocho muertos, estrategia utilizada también para invadir las instalaciones de Torres Adalid en la Ciudad de México, las cuales tuvieron que ser devueltas legalmente al grupo de Sarabia y López.