PILAR MANSILLA

Foto: Cortesía TW @XochitlGalvez

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se lanzó en contra de la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz y legisladores de oposición por suscribir la acción de inconstitucionalidad “de forma por demás ilegítima” en contra de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

El área, encabezada por María Estela Ríos González aseguró a través de un comunicado que “reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República”.

Al manifestar que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN” actúe de manera imparcial y considere lo que llamó “conductas antidemocráticas de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de forma legítima y, en consecuencia, debe reconocer la validez del decreto impugnado”, aseguró que fue “público y notorio” que el objetivo de Gálvez Ruiz era impedir el debate parlamentario.

Por lo anterior estimó que se debe considerar que declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo “implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias”.

Después de señalar lo anterior indicó que “fue público y notorio y basta con observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”.

Señaló que las conductas por parte de la minoría legislativa “como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”.

Por lo anterior, la Consejería Jurídica indicó que es un principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia “conducta indebida o torpe; por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada”.

Expuso también que “la minoría legislativa” reconoció de manera tácita la constitucionalidad de la reforma impugnada, “ya que en su demanda presentada ante la SCJN no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados”.