URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy es día de luto para México, al cumplirse ocho años de la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, pero ya se está rompiendo el “pacto de silencio” y limpiando la imagen de la República.

“Hay muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió y hay quienes se benefician administrando el conflicto”, acusó.

Expuso que la filtración de nombres de los presuntos responsables, no significa que se haya violado el “sacrosanto debido proceso” y se va a castigar a todo responsable.

El Ejecutivo lamentó que se les haya caído el tinglado a los responsables, pero a él no lo van a sentar en el banquillo de los acusados, pues no será cómplice del silencio de Estado.

Afirmó que los responsables no se esperaban que se llegara a militares, autoridades locales, al ex procurador Jesús Murillo e importantes delincuentes. Apostaban a darle largas al caso, pero no fue así y a muchos no les gustó que se llegara a fondo.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional se comprometió a continuar investigando y a seguir haciendo justicia.

“Hay quienes quieren que fallemos, pero tenemos la voluntad inquebrantable de que haya justicia, pues nadie va detener este proceso de transformación del país”, ofreció.

Pidió a los manifestantes evitar la violencia y actuar de manera pacífica.

“No se trata sólo de tirar piedra o bombas molotov, hay que hacer trabajo político en todos los lugares y seguir el ejemplo de los grandes luchadores en el mundo”, propuso.

Mientras tanto, hoy se esperan movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México y en el estado de Guerrero.

Hay que recordar que derivado de las investigaciones hay tres militares del 27 Batallón de Infantería detenidos, entre ellos el general José Rodríguez Pérez.

Además, contra el capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Correspondió al juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, Enrique Beltrán Sánchez, imponer la medida procesal.

El 26 de agosto pasado, el Gobierno Federal, a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas.

Hay que recordar que también se actuó contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien aparece como imputado de tortura, colusión y alteración de pruebas en la carpeta de investigación de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En las indagatorias se indica que luego de que se verificaron los hechos 26 y 27 de septiembre se tuvo una reunión, en la que participaron varios jefes policiacos y se optó por dar una salida política a los hechos.

Para ello, se realizaron detenciones de posibles participantes en los hechos, mismos que habrían sido torturados y, por tal hicieron aportación de datos inducidos.

La orden la habría dado el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo, quien también atendía órdenes, supuestamente, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Tales señalamientos están contenidos en la carpeta de investigación y en el pliego de consignación ante un Juez federal.

Entre las testimoniales destaca la de Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.

Indica que el 7 de octubre de 2014, un día después de que Murillo Karam anunciara que estaba a cargo de la investigación por orden presidencial, hubo una reunión de jefes policiacos y altos funcionarios en Guerrero.

Por la tarde, el Murillo Karam convocó a conferencia de prensa para dar a conocer arrestos de narcotraficantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”.

Los detenidos eran, Darío Morales Sánchez; Jonathan Osorio Gómez “El Jona”; Patricio Reyes Landa “El Pato” y Agustín García Reyes “El Chereje”.

Después se conoció que los arrestos habían sido posterior a la conferencia a medios de comunicación.
Como ya se habían ofrecido datos y se indujo la investigación se les arrancó por medio de tortura estas declaraciones a los implicados, además de que se fabricaron pruebas y testimonios.

El Ministerio Público cuenta con testimoniales en video sobre los interrogatorios de los detenidos y donde se ponen en evidencia la tortura.

Murillo Karam está implicado con al menos 33 servidores públicos.

Todos ellos, participarían en la fabricación de “La Verdad Histórica” que indicaba que los jóvenes habían sido incinerados en una hoguera y después las cenizas arrojadas al Río San Juan, en Cocula.

Murillo Karam, afirmó que el Ejército Mexicano no había participado en nada.

Pero, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que entre los estudiantes había un militar infiltrado de nombre Julio César López Patolzin.

Este elemento estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería, pero la última comunicación fue a las 10:00 horas del 26 de septiembre.

El militar desapareció con el grupo de jóvenes, sin que se implementara un operativo de búsqueda o rescate.

Ahora, se investigan todos estos hechos y, quienes son los responsables, sin deparar hasta donde pueden escalar las responsabilidades.