AIDA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
Alrededor de mil 545 proyectos se encuentran detenidos por falta de resolución de la autoridad ambiental, pero además, el retraso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a las autorizaciones a privados de casi 200 días, “envía una señal negativa para las nuevas inversiones, lo que ha provocado una merma en las inversiones actuales”, aseveró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En ese sentido, sostuvo que no hay razón para que se agilicen los trámites a obras del gobierno y se entorpezcan los de las empresas, lo que podría ser violatorio del T-MEC “por trato discriminatorio de proyectos públicos sobre los particulares”.
Por ello, urgió al gobierno federal para que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos de los mil 545 proyectos de inversión se encuentran detenidos por falta de resolución de la autoridad ambiental.
Explicó que el retraso está en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo que corresponden en su mayoría a desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales, produce un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
“Sabemos de la importancia de contar con una MIA, que acompañada de otros instrumentos, permite prevenir daños a los recursos naturales a través de la identificación de mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto; por lo que instamos a la autoridad a responder de manera ágil a este trámite en beneficio del medio ambiente y del desarrollo de programas en armonía con su entorno”, indicó el sindicato patronal que encabeza José Medina Mora Icaza.
Subrayó que la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) prevé un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución, en promedio los resolutivos a privados tardan 199 días, “un tiempo mucho mayor al que establece la norma y al que demoran los del sector público, que son liberados en un lapso de entre 36 y 55 días, lo que denota un trato desigual entre los solicitantes que es discriminatorio y que podría ser causa de violación al T-MEC por favorecer a los proyectos públicos sobre los de los particulares”, alertó.
Ejemplificó que las obras insignia del gobierno federal como el Tren Maya Tramo 5 Norte, la Ampliación de la línea 1 del Tren 2 Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Estado de México y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, tuvieron respuesta en 36, 55 y 49 días respectivamente.
En contraste, planes privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, acumulan, hasta mil 364 días sin resolutivo. “Reconocemos la importancia de contar con mecanismos de atención y prevención de potenciales daños ambientales; pero es fundamental que los proyectos que cumplen con los requerimientos que marca la ley, puedan desarrollarse de manera oportuna para minimizar las afectaciones en sectores clave como son el turístico, el minero y el inmobiliario donde los informes preventivos, las MIAs particulares y regionales, implican periodos que van en promedio de los 52 a los 366 días”, advirtió la Coparmex.
