RITA MAGAÑA
Foto: Cuartoscuro
En la Gaceta Parlamentaria de este martes, el Senado publicó para su primera lectura el dictamen de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución, para prorrogar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La aprobación de esta reforma requiere de mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes en la sesión de este miércoles, donde se discutirá esta iniciativa.
El propósito del proyecto es ampliar de 5 a 9 años, a partir de la fecha en que entró en vigor el decreto de 2019, para que el Presidente de la República pueda disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
En tanto, la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Establece que la participación de la Fuerza Armada tenga un enfoque de respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Se integra una comisión bicameral conformada por diputados y senadores, que dé seguimiento al cumplimiento del artículo quinto transitorio.
Para ello, se propone que el Sistema Nacional de Seguridad Pública informe al Congreso de la Unión, cada periodo legislativo sobre el avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.
La exposición de motivos del dictamen refiere que la estrategia de seguridad pública comienza a rendir resultados, pero “se necesita mantener el esfuerzo en el tiempo para alcanzar sus objetivos”.
Al 31 de marzo pasado, la Guardia Nacional contaba con un estado de fuerza de 113,863 elementos, de los cuales 104,839 se destinaron a despliegues operativos y tareas administrativas especializadas en la prevención del delito, en las 286 coordinaciones regionales distribuidas en las 32 entidades.
Se hace hincapié en que se aumente el plazo por cuatro años más para que la Guardia Nacional termine de consolidarse y en caso de que sea indispensable, quien ocupe la titularidad del Ejecutivo federal en la próxima administración también pueda disponer la fuerza armada para dichos fines.
La convicción de ampliar el plazo para que la persona en la que recaiga la titularidad del Ejecutivo Federal pueda disponer de la Fuerza Armada, así como mejorar el modelo de rendición de cuentas ante el Congreso y reforzar el respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblo indígenas y afromexicanos, contribuirá de manera determinante a consolidar a las instituciones.
Especialmente, para fortalecer la gobernabilidad del país en beneficio de toda la población.
