La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el llamado Plan B en materia electoral podría no ser aprobado en su totalidad en el Senado de la República, al señalar que el proceso legislativo dependerá de la correlación de fuerzas y de la decisión de los propios legisladores.
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Durante su conferencia, la mandataria explicó que la iniciativa enviada por su gobierno contiene diversos componentes que pueden ser votados de manera diferenciada, lo que abre la posibilidad de que algunas partes avancen mientras otras queden fuera del dictamen final.
“Se puede votar una parte y otra no”, afirmó, al referirse a la dinámica parlamentaria que enfrenta la propuesta, en un contexto donde no existe certeza sobre la suma de votos necesarios para su aprobación integral.
Aunque evitó una interpretación concluyente sobre la decisión del PT de ausentarse en la discusión en comisiones, Sheinbaum señaló que deberán explicar las razones de su inasistencia y definir el sentido de su voto en la etapa decisiva.
El debate legislativo se concentró en uno de los ejes más controvertidos de la propuesta: la revocación de mandato, cuya modificación plantea la posibilidad de adelantar su aplicación o empatarla con los comicios intermedios de 2027, lo que generó resistencias entre partidos de oposición y algunos aliados.
La presidenta sostuvo que la discusión pública se ha centrado en escenarios electorales y no en el contenido de la iniciativa, al afirmar que existen interpretaciones que vinculan la revocación con una eventual ventaja electoral para Morena, pese a que el planteamiento oficial establece que no se utilizarían tiempos oficiales ni campañas partidistas.
Atribuyó la negativa de algunos partidos a un cálculo político relacionado con la posible reducción de su votación, al considerar que la presencia de la figura presidencial en la boleta podría incidir en la participación ciudadana.
Sheinbaum defendió la separación entre la revocación de mandato y los procesos electorales, al señalar que se trata de un mecanismo de evaluación ciudadana que no necesariamente altera la competencia entre partidos ni las elecciones de cargos públicos.
Asimismo, planteó que la propuesta no obliga a su aplicación, sino que abre la posibilidad de llevarla a cabo bajo ciertas condiciones, lo que dependerá tanto del respaldo ciudadano como de la decisión legislativa en el Senado.
Más allá de la discusión sobre la revocación, insistió en que el eje central de la reforma radica en la reducción de privilegios dentro del sistema político, con el objetivo de reorientar recursos hacia infraestructura básica como agua potable, drenaje y servicios urbanos.
El planteamiento incluye la disminución de recursos destinados a congresos estatales, Senado y órganos electorales, con énfasis en recortar beneficios y percepciones de consejeros electorales en distintos niveles.
De manera simultánea, la agenda legislativa incluye la discusión de reformas orientadas a eliminar las “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto nivel, identificadas como beneficios extraordinarios financiados con recursos públicos.
Sheinbaum señaló que estas pensiones, calificadas como “ultramillonarias”, se encontraban en proceso de votación en la Cámara de Diputados, con la expectativa de que, una vez aprobadas, sean remitidas a los congresos estatales para su validación.
