FAUSTO CARBAJAL
En días recientes, se generó una intensa discusión pública por la propuesta que hizo la organización “Madres Buscadoras de Sonora”, en el sentido de alcanzar un pacto por la paz con los diez principales grupos criminales del país. Propuestas así han sido recurrentes lo mismo por activistas, religiosos y políticos, pero a muchas personas en el corredor Roma-Condesa-Polanco les sigue dando el tramafat y se aflojan la corbata al escuchar esto.
Independientemente de los términos y la viabilidad de algún tipo de acuerdo –que habría que explorar, pero no es imposible–, este hecho en particular habla más sobre la estrechez de miras en nuestro debate público, que de organizaciones como estas.
Se nos olvida que el tipo de violencia armada en México no se contrarrestará únicamente desde el punto de vista militar, toda vez que involucra a poblaciones enteras, cuya organización y movilización resulta ser el centro de gravedad para la pacificación del país. Resolver el flagelo de la violencia homicida en nuestro país depende más de la voluntad colectiva de las comunidades, que de la capacidad táctica u operativa del Estado mexicano –que la tiene.
A fuerza de tumbos, de esto se dieron cuenta algunos mandos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Irak en 2005, 2006 y, particularmente, 2007 –cuando tuvo lugar lo que se conoce como “The Surge” o el incremento de tropas estadounidenses en este país de Medio Oriente. Entre otras cosas, mandos militares decidieron sentarse a la mesa lo mismo con personas chiitas que con sunitas que desempeñaban un rol clave en su entorno social –muchos de ellos terroristas con harta sangre en su haber, incluida la de vidas estadounidenses. A esta política se le denominó “tribal engagement” y se dio en el contexto del Despertar Anbar (Anbar Awakening) –una reconfiguración de alianzas locales que favorecieron a las tropas estadounidenses en su combate a Al Qaeda, y fue un factor crucial para la reducción de la violencia en Iraq durante ese tiempo. Con ayuda de instancias civiles estadounidenses, se establecieron mecanismos de negociación que permitieron “sentar a iraquíes con iraquíes”. Desgraciadamente, la presión social en EU, la falta de voluntad política, la incapacidad para definir objetivos y transmitirlos a la ciudadanía, entre otros aspectos, terminaron por hacer de Irak un fiasco.
Regresando a México, cualquier intento de pacificación pasará por considerar el contexto específico de las comunidades: cuáles son sus necesidades, formas de organización y, por supuesto, sus líderes y personas claves –algo que seguramente incluirá a criminales. Sería ingenuo pensar que se pueden pacificar comunidades violentas sin considerar a todos los centros de poder, incluidos aquellos grupos delictivos que por muchos años se han convertido en condición inseparable del paisaje político, social y económico a nivel local, y que, además, forman parte de las intricadas relaciones –y tensiones– de grupos políticos y económicos.
Probablemente se tenga que seguir empleando la fuerza para aquellos grupos que sean irreconciliables. Empero, mientras no nos quede claro que el Estado mexicano cuenta con mecanismos de negociación, resolución de conflictos y procesos de construcción de paz para reducir la violencia armada, difícilmente superaremos la situación de inseguridad y violencia en la que nos encontramos.
Nuestro país tendrá que darle una salida política a la violencia homicida.
