POR PATRICIA RAMÍREZ

Los diputados panistas Federico Doring Casar, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo y Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, solicitaron a la secretaria General de Riesgos de la capital, Myriam Urzúa Venegas, a la Fiscal Ernestina Godoy y al titular del INVI, Anselmo Peña Collazo resuelvan la problemática de vecinos del predio de Belisario Domínguez 43, que fueron desplazados por grupos mafiosos.

Los vecinos de esa edificación explicaron que Martín Rebolledo y Claudia Morales invadieron ese predio y despojaron de su único patrimonio a un grupo de personas que vivieron ahí por muchos años.

De acuerdo con las 38 familias que vivían en el número 43 de la citada calle “ante la negligencia de las autoridades del gobierno capitalino y de la misma Fiscalía de judicializar las carpetas de investigación que hay en contra del invasor de predios como son la de despojo, robo a mano armada, acoso sexual y presunta venta de droga tocamos las puertas del Congreso de la Ciudad d México con el objetivo de ser escuchados en nuestras demandas”.

Los vecinos señalaron que han denunciado a Rebolledo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pero las investigaciones no avanzan.

De acuerdo a los afectados, estos personajes, quienes aseguran ser de la Policía de Investigación, extorsionan a vecinos y comerciantes del centro histórico con presuntas investigaciones.

Lorena Alonso explicó que Myriam Urzúa Venegas debe actuar en el predio de Belisario Domínguez 43, primero porque está invadido y porque tiene un daño estructural, lo que pone en riesgo que ese edificio se colapse con la gente a la que se le renta ilegalmente. Recordó que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, pues por medio de un decreto se expropió la propiedad para construir departamentos de interés social y mientras esté invadido nada se puede hacer.

Agregó que la Fiscal Ernestina Godoy debe dejar de darle protección a estas personas, que ponen en riesgo a los habitantes del centro histórico.

“Queremos que se haga valer el estado de derecho, sólo así podemos caminar seguros en cuanto a tener una vivienda digna, pues somos grupos vulnerables y este sujeto con la invasión al predio señalado no deja que avance lo programado con el INVI”, concluyó.