• Juez dio de plazo hasta el 30 de abril y ni siquiera se ha dictaminado en comisiones
• Presenta Morena su propia propuesta

POR PATRICIA RAMÍREZ

Con apenas una semana de trabajos pendientes y con el amago de un juez para desahogar esta ley, la Cámara de Diputados tiene hasta el 30 de abril para aprobar la Ley General de Comunicación Social, para cumplir con los criterios ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En septiembre del año pasado la Corte declaró como inconstitucional la citada ley, aprobada en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, por atentar contra la libertad de expresión y carecer de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales debe asignarse el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno y contratación en medios de comunicación.

Luego, ante la omisión legislativa, en enero de este año un juez dio un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la determinación de la Corte y modificar la ley, tras lo cual la Cámara de Diputados argumentó que en ese entonces no había periodo de sesiones y por tanto era imposible hacer algún cambio legal, lo que llevó a pedir la extensión del plazo a este periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.

Ante este panorama y ante el hecho de que para hacer estas modificaciones solo se requiere mayoría simple, la bancada de Morena presentó su propuesta de ley, aunque esta no ha sido dictaminada pese a que solo restan tres sesiones ordinarias. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población, que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval, respaldado por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, presentó la iniciativa para reformar la Ley General de Comunicación Social, la cual establece un techo presupuestal para las campañas de comunicación; impide reasignar presupuesto de otros rubros a publicidad gubernamental; propone criterios para la asignación de contratos a los medios de comunicación y define claramente los criterios de gasto en comunicación social.

El documento admite que en dos distintos momentos la SCJN determinó que Congreso de la Unión fue omiso en regular adecuadamente la distribución del gasto de publicidad oficial.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval aseguró que esta propuesta prioriza que la población acceda de manera oportuna a la información gubernamental, necesaria para el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios y programas sociales, al tiempo que garantiza la libertad de expresión y pone los derechos de las audiencias por encima de cualquier otro interés.

Establece que el gasto destinado a campañas de comunicación social no podrá rebasar en ningún ejercicio fiscal el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y solo en caso de extrema urgencia se podrá aumentar en un máximo de 30 por ciento.

Además, señala que será la secretaría de Gobernación y sus equivalentes en los estados, las que estarían encargadas de vigilar el gasto en comunicación y el cumplimiento de las disposiciones en materia de comunicación social.

También, establece en la contratación de campañas de comunicación social, los entes públicos deberán observar la eficacia, a fin de que el contenido de la comunicación social llegue al público que se desea impactar, la selección de medios que ofrezcan las mejores condiciones para los fines de la comunicación social.

Habrá además un sistema de datos abiertos y transparentes en el que se puedan consultar todas las contrataciones en materia de comunicación social y propone acotar cualquier posibilidad de que haya discrecionalidad en la contratación de publicidad, para evitar corrupción.

“En la distribución de los espacios de las campañas de comunicación social, se procurará que aquella que sea igualitaria y no discriminatoria, así como que se respete el pluralismo, la diversidad de opiniones y la libertad de expresión. El ejercicio de recursos públicos en esta materia estará en función de los criterios previstos en esta ley, sin importar las opiniones, puntos de vista, o líneas editoriales de los medios de comunicación”, indica el documento.

De manera paralela, subraya que por ningún motivo los entes públicos podrán reclasificar el gasto público en materia de comunicación social de una manera distinta a la aprobada en los presupuestos de egresos respectivos.

Se prohíbe que un solo medio de comunicación concentre más del 25 por ciento de los recursos para una sola campaña y la difusión de publicidad presentada como información periodística o noticiosa.