PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

En el marco de la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) especialistas, académicos y ministros coincidieron en que el próximo presidente o presidenta de la cabeza del Poder Judicial deberá priorizar el impulso a la transparencia procesal.

Durante el Diálogo sobre la transparencia procesal de la Suprema Corte, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y México Evalúa, los especialistas destacan la importancia de abrir la información jurisdiccional del máximo tribunal del país, en particular el trámite procesal.

Esta misma semana se conocerán los proyectos de los aspirantes a presidir la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, para que el nuevo titular sea votado en la sesión del 2 de enero, pues el 31 de diciembre concluye el periodo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Suprema Corte, hay datos fundamentales que no se conocen, como el momento en el que los ministros presentan sus proyectos de sentencia, lo que dificulta monitorear los tiempos de resolución de los temas más polémicos, que presentan tiempos diferenciados.

“Década tras década nuestro máximo tribunal ha sido criticado por su lentitud y, más específicamente, porque sus tiempos de resolución varían de forma notable.

“Una crítica muy sensible: existe la percepción de que estos tiempos pueden ser distintos en función del peso político, mediático o económico de las partes en el asunto o interesadas”, indica.

Es algo que ha reconocido el actual presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar, al señalar que en el caso de Florence Cassez, los votos (para liberarla) no se lograron mientras (Felipe Calderón) fue presidente, señalan las conclusiones del análisis realizado por el Observatorio.

Así, la persona que llegue a la presidencia de la Corte en enero del próximo año tendrá que incluir la mejora de la transparencia procesal, señalaron los especialistas.

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que en la medida en que las autoridades de la Corte se abran al escrutinio público se podrá mejorar el acceso a la justicia, al tiempo que se demuestra la capacidad de escucha de los ministros, del sector académico y de la sociedad civil.

A su vez, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, apuntó que la Suprema Corte gana su legitimidad a través de su trabajo, a través de la transparencia, y de ahí la importancia de trabajos como el del Observatorio. Recordó además que el estudio generó polémica, pero sobre todo interacciones constructivas por parte de los ministros, pues su fin último es proponer recomendaciones de mejora en el trámite de los asuntos.

El Observatorio de la Suprema Corte determinó describir cada uno de los pasos del trámite procesal, pero se enfrentó a un reto principal: la dificultad para acceder a la información de la Corte y, una vez obtenida, las deficiencias en ella.

Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, destacó que la Corte declaró inexistente un dato clave: la fecha de entrega de un proyecto de un ministro ponente. Si no se conoce, no se puede saber si la resolución de un asunto se demora porque el ministro encargado del asunto se tarda en entregar su proyecto de resolución o porque la presidencia de la Corte se tarda en alistarse para su discusión en el Pleno.

Entre las recomendaciones aportadas por el estudio Pantin resaltó la necesidad de regular de manera más clara y completa los plazos y fases procesales de los asuntos que conoce la Corte, promoviendo en particular un sistema de turno de asuntos objetivo, automático, inalterable y transparente, y el diseño de un marco de actuación respecto a prácticas no formalizadas, como el llamado alegato de oreja.