PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Diputados locales advirtieron que el uniforme que utilizan las trabajadoras y trabajadores del hogar, más que una herramienta de trabajo se ha desvirtuado al grado de convertirlo en un símbolo de discriminación.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández explicó que el uso de uniformes en el trabajo del hogar no debe ser una imposición del empleador, porque puede convertirse en un símbolo de discriminación y desigualdad.

Por ello, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar, a fin de eliminar la obligatoriedad de esta prerrogativa y garantizar la voz de los empleados en la elección de su vestimenta para su labor.

La iniciativa busca que “la elección de la indumentaria sea un acto personal y no una imposición por parte de otros, estamos en contra de cualquier práctica que obligue a utilizar uniforme sin existir previo consentimiento”, afirmó la legisladora por Iztacalco.

Precisó que en México, se han logrado avances significativos como la ratificación del Convenio 189 y la recomendación 201 de la OIT, que establecen derechos fundamentales para las y los trabajadores del hogar, se ha avanzado en la dirección correcta al ratificar el Convenio 189, que entró en vigor en julio de 2021, el cual garantiza mejores condiciones laborales, igualdad de oportunidades y medidas para prevenir la discriminación, en un sector particularmente vulnerable, subrayó Mateos Hernández.

Cabe recordar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2018, donde se reconoce que excluir a las personas trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) era una violación de sus derechos, lo cual llevó a la implementación de un programa de aseguramiento para este grupo, recordó.

Agregó que la ropa que decidimos usar tiene un mensaje, para el caso del uniforme, constituye la desindividualización y la imposición de una jerarquía. De ahí la importancia de la iniciativa presentada ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, indicó.

Dijo que las personas trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural, debido a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a raíz de la naturaleza misma de su empleo, de ahí la importancia de otorgar mejores condiciones para el desempeño de sus labores, detalló.

Es necesario eliminar de los dogmas jurídicos, los preceptos que puedan constituir actos de discriminación a efecto de tutelar y salvaguardar los derechos de igualdad y no discriminación, enfatizó.

Añadió que las labores del hogar son el eje de una familia y en la Ciudad de México existen 369 mil 310 personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 32 mil 143 son hombres y 337 mil 167 son mujeres, quienes requieren de garantías y condiciones dignas para el mejor desempeño de su tarea