PATRICIA RAMIREZ

Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara a asestar un nuevo golpe a la 4T, pues un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone anular la primera parte del Plan B de reforma electoral al argumentar que existieron claras violaciones al proceso legislativo, por la manera en que fueron avaladas en el Congreso de la Unión.

El proyecto de sentencia plantea anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de  Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La argumentación establece que la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Diputados y dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, se desconoció con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular.

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Sin embargo, para que el proyecto de sentencia sea avalado, sería necesario que esta sentencia fuera apoyada por al menos 8 ministros de los once que integran el pleno de la Corte.

Actualmente, toda la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y Morena está suspendido indefinidamente por el fallo del ministro Javier Laynez Potisek, por lo que es inaplicable en este momento.

Incluso, el ministro señala que hay una diferencia entre lo aprobado por el Congreso y lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, además de otras violaciones directas a los artículos 71 y 72 de la Constitución relativos a las iniciativas y formación de leyes en el poder Legislativo.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, señala.

Luego de que el fin de semana pasado los senadores aprobaron 20 reformas legales sin discusión y sin siquiera presentarlas, el ministro señala que hubo seis violaciones graves al procedimiento legislativo que impactan de forma total en la aprobación de dichas reformas.

Además, indica que la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión y además se le dio trámite de obvia y urgente resolución, sin estar justificado.