PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral se dio tras un debate en el que se ha excluido a buena parte de la ciudadanía, que sí está a favor de la refundación del organismo electoral y de hacer menos oneroso el aparato electoral.
Al emitir una opinión, tras la aprobación total del paquete de reformas enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que éste busca eliminar los excesos en que ha incurrido el INE y sus antecesores
“Los organismos electorales históricamente sólo han servido para mantener vicios que por años han manchado nuestros procesos electorales. Incluido el actual, y basta recordar algunas de sus posiciones que han puesto en duda su neutralidad.
Por ello, es importante recordar que estos institutos también ejecutan gasto público, por lo que, conforme a la norma fundamental, están obligados a observar el principio de austeridad”, sentenció en un extenso comunicado.
Señaló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, buscan recomponer el sistema electoral.
Y acusó que el INE desacata a esos principios de rango constitucional, al ser una institución que se ha caracterizado por los abusos en el uso de gasto público, constituyéndose como uno de los organismos de esa naturaleza más costosos del mundo, y a pesar de ello su desempeño ha obstaculizado la garantía del derecho a la democracia, sobre todo la participativa, negativa a hacer la consulta popular sobre el juicio a exfuncionarios, y su tentativa de aplazar la revocación del mandato) así como que las elecciones sean libres, confiables, democráticas y auténticas (cancelación de algunas candidaturas, entre otras.
“Con la reforma, se busca disminuir la excesiva burocratización del INE, ya que se tiene conocimiento de que ostenta una estructura que permite duplicidad de funciones, inclusive cuenta con áreas que durante un periodo prolongado están inactivas, pero siguen representando un costo para las arcas del Estado, en detrimento de la sociedad”, sentenció.
