AIDA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a flexibilizar los procesos de exigencia de obligaciones, considerando la temporalidad de salida del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Y es que se dijo preocupada por la salida de numerosos contribuyentes de este Régimen, entre ellas las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pues está generando graves problemas para aquellos que, por diversas circunstancias, no presentaron alguna declaración.
Acusó que la autoridad, esto es, el SAT, los ha expulsado del régimen, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales desde enero de 2022, sin ofrecer flexibilidad para subsanar esta problemática.
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En este tenor, también solicitó la oportunidad para que las empresas puedan mantenerse en la formalidad y continuar su crecimiento en sus actividades.
El sindicato patronal se dijo convencido de que la formalidad es el camino necesario para mejorar las contribuciones, las cuales deben ser justas y proporcionales, con modalidades flexibles.
Destacó que el Resico está contemplado en el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y que surgió como una simplificación administrativa para brindar acceso a la formalidad a micro y pequeños negocios como tiendas, talleres mecánicos, escuelas, cocinas, cafeterías, restaurantes, ferreterías, entre otros, proporcionándoles beneficios fiscales.
Esta modalidad entró en vigor el 1 de enero de 2022, permitiendo a las personas físicas con ingresos anuales no superiores a 3.5 millones de pesos y a las personas morales con ingresos no mayores de 35 millones de pesos pagar entre el 1 y 2.5 por ciento, según sus ingresos y lo establecido en la tabla del artículo 113-E, párrafo quinto.
No obstante, consideró la Coparmex que es importante señalar que en los últimos meses, el Servicio de Administración Tributaria ha llevado a cabo diversas actividades de actualización de obligaciones económicas de los contribuyentes.
“Esto ha provocado la expulsión masiva de varios de ellos, ya que se actualiza lo establecido en el artículo 113-I de la LISR, obligándolos a cumplir con sus obligaciones desde enero de 2022; es decir, desde que entró en vigor o desde que se incorporaron al Resico, no desde su salida. Esta situación ha colocado a muchos pequeños negocios en una encrucijada, teniendo que evaluar la continuidad de sus operaciones”, acusó.
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Por ello, consideró fundamental recalcar que la esencia de estas facilidades administrativas es impulsar la formalidad y el cumplimiento oportuno de las obligaciones para aquellos que tienen un negocio.
Lo anterior, “coincide plenamente con uno de los principales objetivos que tenemos en Coparmex, ya que los impuestos son obligaciones que debemos atender para una buena gobernanza, y bajo esquemas amigables se puede fomentar la formalidad”.
Ante la situación actual, el organismo empresarial consideró que la autoridad tributaria debe ser sensible, sobre todo atendiendo al contexto de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en la mayoría de los casos, se les está causando una gran afectación que podría llevarlas a la bancarrota.
Sostuvo que, en este y otros casos, la autoridad tributaria contará con un aliado desde la Confederación para encontrar las mejores rutas de cumplimiento y atención de las obligaciones desde el sector empresarial, sin que esto afecte a sus afiliados ni ponga en peligro la viabilidad de la economía formal que representan millones de MiPymes en el país.
