La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación para recabar información y determinar si existen datos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos de América contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, luego de recibir solicitudes de detención provisional con fines de extradición, en las que también se solicita que la información sea tratada con carácter confidencial.
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El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, señaló que la Fiscalía fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que, como en cualquier caso de cooperación internacional, se deben cumplir todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables.
Indicó que corresponde a la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida para establecer con exactitud si existen los elementos probatorios necesarios y, en su caso, determinar la viabilidad de las solicitudes. Añadió que, de manera paralela, la institución iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria y conocer si existen datos de prueba que permitan establecer la probabilidad de que las acusaciones cuenten con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Precisó que la legislación mexicana establece que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona haya cometido un delito, mientras que el tratado bilateral en materia de extradición dispone que este procedimiento únicamente procede cuando las pruebas sean suficientes conforme a las leyes del país requerido.
Señaló que, en este caso, las solicitudes no están acompañadas de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.
Entre las personas señaladas se encuentran también el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el fiscal general adjunto Dámaso Castro Saavedra; el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés; el exjefe policial Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector policial José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante Juan Valenzuela Milán.
Las autoridades estadounidenses señalan presuntamente a los implicados por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento. En el caso de Juan Valenzuela Milán también se incluyen cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho delito, con sanciones que van desde penas mínimas obligatorias de 40 años hasta cadena perpetua.
Lara López subrayó que la propia solicitud del gobierno estadounidense establece que se deben tomar medidas para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición no sea divulgada ni hecha del dominio público, ya que su difusión podría afectar la naturaleza confidencial de los procedimientos penales y contravenir sus normas procesales.
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Añadió que este criterio también se encuentra previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que la información y documentación intercambiada en este tipo de casos debe manejarse con carácter reservado.
Indicó además que, en los casos de quienes ocupan cargos como gobernadores o legisladores, será necesario iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad constitucional antes de proceder penalmente.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que es fundamental cumplir a cabalidad con lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que actuar fuera de ese marco vulneraría el Estado de derecho, así como los derechos y garantías de las personas requeridas, los cuales son inalienables.
