CLAUDIA CORICHI
El ciclo presupuestario se inicia con la planeación y la programación del ejercicio de los recursos públicos y se cierra con la evaluación y rendición de cuentas. La evaluación tiene como propósito determinar si se alcanzaron los resultados esperados y con la rendición de cuentas se busca informar los resultados de su ejercicio, garantizar su adecuada aplicación y corregir las deficiencias.
La reforma constitucional de 2016 en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas dio un nuevo impulso a las instituciones encargadas de esas tareas y robusteció las facultades fiscalizadoras, una tarea que ha contribuido a la gobernanza y el fortalecimiento de los valores democráticos.
Como parte de esa reforma, se estableció el Sistema Nacional de Fiscalización, un espacio de diálogo que promueve el intercambio de experiencias y modelos exitosos de actuación entre los entes locales y nacionales que forman parte de él.
La revisión del gasto con mayor eficiencia y la formulación de propuestas para mejorar su calidad, está contribuyendo a cambiar la percepción sobre el desempeño gubernamental; a fomentar una cultura ciudadana que exige cuentas y a corregir fallos en la administración pública y entre los ejecutores del gasto.
El propósito de la labor auditora es de relevancia porque coadyuva al combate a la corrupción y a que cobre sentido entre las personas servidoras públicas, el principio de responsabilidad institucional. En México, gradualmente se va alcanzando la comprensión de que el servicio público es una vitrina de cristal a la que podemos asomarnos; quienes laboran ahí deben informar sistemáticamente sobre las acciones y decisiones dirigidas a optimizar la gestión pública y la calidad de los servicios públicos, sólo así se logra que una institución sea transparente.
Entre 1997 (al crearse el Ramo 33) y 2016, México ha sido testigo de innumerables cambios tendientes a regular el uso de los recursos públicos, a contar con un presupuesto basado en resultados y no inercial o tradicional, a la supervisión de los programas sociales, a establecer límites en el endeudamiento, a la obligación de publicar contratos y hacer transparentes las licitaciones, pero sobre todo a contar con un marco legal que hace más efectivas las sanciones contra los responsables de delitos relacionados con el abuso del dinero.
Gracias a la acción fiscalizadora, también se ha desplegado una amplia red ciudadana de supervisión del presupuesto y de los programas sociales. El margen para la opacidad se ha reducido y la discrecionalidad se ha acotado. Debemos defender estos logros y evitar el debilitamiento de las instituciones.
@ClauCorichi
