PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Captura de pantalla Tribunal Electoral
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán, incurrió en violencia política de género contra un grupo de diputadas priistas, luego de que aseguró que en las conversaciones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, había fotos de algunas de ellas, incluso desnudas.
#Boletín | La gobernadora de Campeche violentó los derechos políticos y electorales de diversas diputadas federales del PRI, determinó la #SalaSuperior.
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— TEPJF (@TEPJF_informa) November 23, 2022
En una de las ediciones del Martes del Jaguar, la mandataria aseguró que para acceder a sus cargos, las diputadas debían enviarle fotos a su dirigente, declaracines que fueron retomadas y difundidas por diversos medios de comunicación.
A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, por mayoría la sala superior determinó que las manifestaciones de la gobernadora afectaron los derechos político-electorales de las diputadas federales del PRI, en un contexto de Violencia Política de Género, ya que afectaron el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas.
Por tanto, se le ordenó a la gobernadora eliminar todas las publicaciones en las que se difunda el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales, como en las del gobierno del estado. Asimismo, se le ordenó abstenerse de emitir comentarios referentes a las fotografías de las diputadas, así como emitir una disculpa pública en el programa Martes del Jaguar y en su cuenta de la red social de Twitter.
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El TEPJF consideró que la empresa Meta, así como sus filiales Facebook, Instagram y WhatsApp, deben asegurarse de que en México se atiendan posibles actos de Violencia Política de Género.
Finalmente, se le ordenó a la empresa Meta ampliar sus políticas para que se detecten, eliminen y reporten los casos de este tipo. Esto, con la finalidad de denunciar o, en su caso, coadyuvar en el seguimiento de denuncias. Por tanto, una vez que se cuenten con esas políticas se deberán informar públicamente.
Al respecto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso se manifestó en contra del criterio y el magistrado Indalfer Infante Gonzales se apartó de una de las medidas de reparación ordenadas, específicamente, de la emisión de una disculpa pública
