Hasta el momento suman 47 personas detenidas y un deceso por el caso del rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en el marco de las investigaciones abiertas para esclarecer las actividades que se desarrollaban en ese inmueble y la posible participación de grupos delictivos.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los avances de la investigación apuntan principalmente a la existencia de un centro de adiestramiento vinculado con organizaciones criminales, de acuerdo con los indicios que han sido localizados en el sitio.

El funcionario precisó que las autoridades federales mantienen bajo reserva parte de la información relacionada con el caso debido a que aún existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y continúan las diligencias coordinadas con la Fiscalía General de la República.

“Al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa”, señaló el secretario, quien añadió que hasta ahora solo se tienen indicios de una persona que habría muerto en ese lugar, mientras el resto de las investigaciones permanece en curso.

Las detenciones efectuadas hasta ahora se encuentran vinculadas con distintos delitos relacionados con las actividades que presuntamente se desarrollaban en el inmueble, mientras que las autoridades federales continúan con la identificación de posibles responsables adicionales.

El titular de la Secretaría de Seguridad indicó que los operativos se mantienen en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, instancia que participa en la ejecución de las órdenes de captura pendientes dentro de esta investigación.

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Sobre el caso, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que su administración aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con presuntas irregularidades en el resguardo del inmueble y en el manejo de indicios durante las primeras etapas de la investigación.

El mandatario estatal afirmó que, aunque las anomalías señaladas por la CNDH ocurrieron antes de su administración y también antes del actual gobierno federal, existe una responsabilidad institucional para continuar con el esclarecimiento de los hechos.

“Independientemente de que estas anomalías no sucedieron ni en la administración de la presidenta ni en la administración de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir”, sostuvo el gobernador durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Lemus indicó que su gobierno fortalecerá el diálogo con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y con las madres buscadoras para mejorar el intercambio de información y garantizar una comunicación permanente con las autoridades.

El gobernador también expresó disposición para ofrecer una disculpa pública en caso de que se determine que existieron fallas institucionales en el tratamiento del caso, como lo plantea la recomendación emitida por el organismo nacional de derechos humanos.

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La recomendación del organismo defensor de derechos humanos solicitó a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reconocer las deficiencias detectadas en el resguardo del inmueble y en el manejo de evidencias, así como reforzar los protocolos de actuación en investigaciones relacionadas con desapariciones.